¿Cómo estar seguro de que mis mayores se encuentran bien atendidos y con las condiciones requeridas en su residencia? ¿Cómo puedo saber si una residencia de ancianos cumple con la normativa legal vigente? ¿Están mis mayores totalmente seguros en el centro?
A pesar de la grandiosa evolución que se ha experimentado en el sector de las residencias en los últimos años y a la insistencia de los gobiernos por regular el mercado del asistencial y cuidado de personas mayores, siguen existiendo riesgos inherentes a, lo que algunos expertos señalan, unos procesos incompetentes y poco ágiles, a la hora de captar ilegalidades en centros de mayores.
Los recientes acontecimientos sucedidos en una residencia en Zaragoza han vuelto a levantar ampollas que llevaban ya tiempo escondidas, pero que amenazaban con aparecer. El incendio en una residencia de un barrio colindante a la capital aragonesa acabó con la vida de ocho ancianos, y ha vuelto a poner sobre la mesa la necesidad de un control más estricto por parte de las organizaciones públicas, porque por supuesto, la residencia no cumplía las condiciones básicas de seguridad para operar y contaba con varias sanciones en su expediente así como con varios dictámenes de investigación negativos. Aún así, seguía operando con normalidad.
Hay que eliminar estas residencias «ilegales»
Las Administraciones se defienden por su parte alegando que las competencias en temas de seguridad y salubridad de estos centros caen en manos de los diferentes organismos autonómicos, de manera que las 5.580 residencias existentes en toda España están reguladas por 17 normativas diferentes. Aunque para muchos, esto no es ninguna excusa; se reclama agilidad a la hora de reclamar el cierre en caso de no cumplir de inmediato las condiciones requeridas y por supuesto, más control y supervisión de los centros.
Por su parte, las residencias se intentar “defender” –si es que moralmente se puede defender, acerca de las dificultades a las que se encuentran en un sector plagado de centros públicos y de residencias “ilegales” o centros que hacen competencia desleal sin cumplir los trámites ni medidas necesarias.
Pero mientras tanto, son los mayores y las familias de estas personas mayores quienes sufren el día a día de unas condiciones indecentes y de una incertidumbre que no debería poderse permitir en un aspecto fundamental como es la vida de las personas.
Por supuesto que estos centros cumplen un rol vital en nuestra sociedad, una sociedad envejecida, con un gran volumen de personas dependientes que no pueden ser atendidas por sus parientes o círculos cercanos, estos cada vez más ensimismados y absortos en una rutina diaria que no les permite en ocasiones, cuidar de los suyos como querrían.
Precisamente por eso y por la obligatoriedad de dejar a los nuestros en manos de profesionales, a veces no nos paramos a pensar en otras alternativas a las residencias de ancianos –hablamos de situaciones viables cuando la personas no padecen una situación de dependencia. Tampoco divagamos acerca de la calidad de vida de nuestros mayores.
Reflexionemos. Es necesario dotar a las generaciones futuras de la calidad de vida que se merecen, asegurarnos de que viven en las condiciones que nosotros esperaríamos y hacer cumplir a los centros las exigencias. Si nosotros nos cubrimos los ojos con las manos frente a ciertas situaciones que podemos apreciar, estamos colaborando a que situaciones como las de la residencia de Zaragoza, vuelvan a ocurrir.
Nosotros dependimos de nuestros mayores, y ahora ellos dependen de nosotros. Es una cuestión que en ocasiones se nos olvida, pero que siempre deberíamos recordar.
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